En medio del debate político nacional por la reforma electoral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Partido del Trabajo (PT) protagonizó uno de los episodios más comentados dentro del bloque de la llamada Cuarta Transformación, al fijar una postura crítica frente a la primera versión de la iniciativa y posteriormente respaldar una nueva propuesta tras la inclusión de ajustes que, aseguran, garantizan avances democráticos.
La dirigencia petista, encabezada por el senador Alberto Anaya Gutiérrez y la legisladora Lupita Rodríguez Martínez, decidió acompañar el llamado “Plan B” electoral al considerar que algunos de sus planteamientos podrían representar un retroceso en materia democrática.
De acuerdo con la posición expresada por el líder del PT, la preocupación central radicaba en la necesidad de preservar los avances logrados desde la reforma política de 1977, considerada un punto de inflexión para la apertura del sistema electoral mexicano.
“En el Plan B no se incluyeron algunos procesos de avanzada democrática y por eso en aquella ocasión retiramos el apoyo. Ahora hemos cuidado que no se afecten los avances logrados desde la reforma de 1977”, explicó Anaya.
En la nueva propuesta de reforma electoral, el PT decidió respaldar medidas orientadas a reducir el número de cargos de regidores, diputados locales y el gasto en congresos y cabildos, planteamientos que el partido considera alineados con el objetivo de hacer más eficiente el uso de recursos públicos.
Dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, la postura del PT ha sido interpretada por algunos actores como una muestra de autonomía política dentro de la coalición gobernante, así como una señal del peso estratégico que mantiene el partido en las decisiones legislativas.